La cláusula de revisión acordada garantiza el poder adquisitivo de los salarios

Madrid, 27 de diciembre de 2001

Los sindicatos se comprometen a mantener la moderación salarial a cambio de que los empresarios garanticen el mantenimiento del empleo y la inversión. Así se refleja en el Acuerdo Interconfederal negociado entre CEOE, CEPYME, CC.OO. y UGT sobre la negociación de los convenios del próximo año. Según sindicatos y patronal es su contribución para prevenir los efectos que sobre el empleo pueda tener la recesión de la economía mundial. A cambio de la cláusula de revisión, que acepta la patronal, los sindicatos han moderado el alza de los salarios poniendo como referencia el 2 por ciento de inflación estipulado por la UE más un porcentaje sobre la productividad.

Para las organizaciones firmantes, este acuerdo surge de la necesidad de tener en cuenta la situación por la que atraviesa la economía mundial: «ante las incertidumbres económicas y los primeros síntomas de declive –señalan-.hemos considerado oportuno dar conjuntamente una señal de confianza que contribuya a alargar el ciclo de crecimiento económico».

Los criterios que recoge el Acuerdo, proponen una subida salarial de en torno al 2 por ciento, en línea con la previsión de inflación, más un porcentaje de un 1 por ciento ligado a la productividad, pero «sin llegar a agotarla» para que no se resientan las inversiones necesarias para el mantenimiento del empleo.

Por otro lado, recomienda la inclusión de cláusulas de revisión salarial aunque «sin que ello trunque –advierte- el objetivo de moderación salarial». Los negociadores reconocen que la diversidad de situaciones no puede tratarse «de manera uniforme » y por ello se recomienda tener en cuenta las circunstancias específicas de cada empresa.

En cuando a la llamada cláusula de descuelgue, sindicatos y patronal consideran que es en los convenios de ámbito superior a la empresa donde han de establecerse las «condiciones y procedimientos por los que podría no aplicarse el régimen salarial a las empresas cuya estabilidad económica pudiera verse dañada como consecuencia de tal aplicación».

Objetivo, mantener el empleo

Otro de los criterios que recogen los acuerdos para la negociación colectiva del próximo año se refiere al mantenimiento del empleo, al fomento de su estabilidad, la cualificación de los trabajadores y la promoción de la igualdad de oportunidades. En este sentido, el acuerdo considera que los convenios deben asumir un papel protagonista en el fomento de un uso adecuado de las diferentes modalidades de contratación «ayudando de esta manera a evitar el fraude que supone el encadenamiento injustificado de sucesivos contratos temporales».

Se aconseja, por otro lado, tener en cuanta a aquellos colectivos cuyo nivel de desempleo supera la media general como los jóvenes, mujeres, discapacitados y los parados mayores de 45 años. En el caso de destrucción inevitable de empleo, este Acuerdo recomienda que los despidos sean «lo menos traumáticos» posible, con alternativas que permitan la creación de puestos de trabajo como reducción de jornadas, flexibilidad interna, movilidad o suspensión de contratos siempre bajo la óptica de que son preferibles «medidas de carácter coyuntural, siempre que sean posibles, a la extinción de contratos».

Las organizaciones destacan también la necesidad de información y consulta a los representantes de los trabajadores en materias como la situación económica en el sector, las previsiones de volumen y tipo de empleo, las modalidades de contratación y subcontratación, procesos de reconversión, despidos etc.

Este es un acuerdo que, en línea con la estrategia europea, apuesta por el aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida y, por tanto, considera la formación continua un instrumento fundamental tanto para la adaptación de los trabajadores y las empresas, como para el mantenimiento y la mejora del empleo.

Fomentar y contribuir a la eliminación de discriminaciones en el empleo por razón de género y de forma que permita corregir las bajas tasas de actividad de las mujeres, su elevado paro y las diferencias salariales, es otra de las recomendaciones plasmadas en el Acuerdo. Por último, se hace referencia también a la salud laboral en la línea de fomentar la cultura preventiva y el cumplimiento de las normas.

El Acuerdo Interconfederal tendrá efectos para los convenios de 2002, aunque la comisión de seguimiento estimará si se renueva en función de la coyuntura económica.

«Cualquier modificación de la negociación colectiva debe contar con los agentes sociales»

Más de un mes de negociaciones ha costado la firma del Acuerdo Interconfederal, que se iniciaron formalmente el pasado mes de noviembre. La decisión de consensuar este Acuerdo entre patronal y sindicatos surgió el pasado 24 de octubre de los propios agentes sociales, quienes solicitaron al Gobierno que les permitiese elaborar un pacto de negociación colectiva para el 2002. De esta manera, tanto empresarios como sindicatos trataban de evitar reiterada amenaza del ejecutivo de legislar unilateralmente una reforma de la negociación colectiva.

Según Rodolfo Benito, secretario de Organización y Comunicación confederal de CC.OO. «esto debe servir para demostrar al Gobierno que cualquier modificación del actual sistema debe hacerse con los agentes sociales, porque de lo contrario sólo se generaría conflictividad». El secretario general de CC.OO. José María Fidalgo explicó que este texto no es «un acuerdo interconfederal como el alcanzado en los años ochenta», en los que se fijaba un incremento salarial para todos los sectores, sino que «las indicaciones que se realizan es de cuidar el empleo y obtener los mecanismos para que los salarios no pierdan poder adquisitivo y que se garanticen mediante cláusulas».

Los agentes sociales manifiestan en este Acuerdo su voluntad de «favorecer una aplicación de los convenios lo más fluida posible». Para ello recomiendan iniciar de inmediato procesos de negociación una vez producida la denuncia de los convenios, mantener las negociaciones abiertas hasta el límite de lo razonable, presentar las propuestas por escrito, acudir a los procesos de solución extrajudicial de conflictos cuando las negociaciones estén bloqueadas e impulsar un funcionamiento más eficaz de las comisiones paritarias o mixtas.